Como lo prometió durante su campaña, el presidente Donald Trump comenzó a tomar medidas en contra de la inmigración desde su primer día en el cargo. Entre ellas se encuentran la declaración de una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, suspender el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos y poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

A pesar de que esta última es de las acciones más controvertidas por ser inconstitucional, la orden de Trump instruye a las agencias federales a que no reconozcan a los niños nacidos en suelo estadounidense si al menos uno de los padres no es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde.

Esta orden entrará en vigor dentro de 30 días. Sin embargo, la orden ya recibió su primera demanda, y se espera que se presenten muchas más en los próximos días.

La demanda, presentada en New Hampshire, fue firmada por 26 abogados que argumentan que la orden viola la 14.ª Enmienda de la Constitución.

También se sumaron los fiscales generales de 18 estados que demandaron al presidente Trump este martes para bloquear la orden ejecutiva.

¿Qué dice la Enmienda 14?

La Enmienda 14 establece:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen.”
Históricamente, la Corte Suprema ha interpretado esta disposición para incluir a los hijos de no ciudadanos nacidos en EE. UU., como en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), donde se afirmó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.
La ciudadanía por nacimiento, garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución, otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio, establecido después de la Guerra Civil en 1868, ha sido un pilar de la igualdad y justicia en el país. Sin embargo, el expresidente Donald Trump ha propuesto eliminar esta garantía mediante una orden ejecutiva, alegando que la frase “sujeto a la jurisdicción” de EE. UU. deja espacio para reinterpretaciones legales.

¿Qué puede hacer Trump según la ley?

Un presidente no tiene la autoridad unilateral para cambiar derechos garantizados por la Constitución. Es por eso que la orden ejecutiva propuesta enfrenta varios obstáculos legales:

1. Precedentes judiciales claros: Casos como Wong Kim Ark y Plyler v. Doe (1982) han sostenido que la Enmienda 14 protege a todas las personas nacidas en EE. UU.
2. Limitaciones de una orden ejecutiva: Las órdenes ejecutivas no pueden reinterpretar leyes federales o la Constitución.
3. Demandas inmediatas: La American Civil Liberties Union (ACLU) ya presentó una demanda, argumentando que la orden excede la autoridad presidencial y viola la Constitución.

¿Qué se necesita para enmendar la Constitución?

Cambiar la Enmienda 14 requeriría un proceso extremadamente complejo:

1. Aprobación en el Congreso: Se necesita el apoyo de dos tercios en ambas cámaras (Senado y Cámara de Representantes).
2. Ratificación estatal: Al menos 38 estados deben ratificar la enmienda.
3. Convención constitucional: Alternativamente, 34 estados podrían solicitar una convención constitucional, algo que nunca ha ocurrido en la historia de EE. UU.

El proceso de enmienda es intencionalmente difícil para proteger los derechos fundamentales.

Impacto político y social

El intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento ha generado una intensa polarización política en Estados Unidos. Los defensores de esta propuesta, en su mayoría republicanos, argumentan que eliminar este derecho podría disuadir la inmigración ilegal y aliviar la carga sobre los servicios sociales.

Sin embargo, los demócratas y organizaciones de derechos civiles sostienen que este enfoque criminaliza injustamente a los inmigrantes y ataca principios fundamentales de la igualdad y la justicia.

También podría crear una clase hereditaria de apátridas: niños nacidos en Estados Unidos que no tienen derechos legales ni protección en ningún país. Esto no solo contradice los valores estadounidenses de inclusión y oportunidad, sino que también podría perpetuar ciclos de pobreza y exclusión social.

Con esto, las comunidades inmigrantes enfrentarían una mayor incertidumbre, y el temor a las deportaciones podría disuadir a las personas de buscar educación, atención médica o incluso denunciar abusos.

Un desafío casi imposible

Aunque Trump ha prometido eliminar la ciudadanía por nacimiento, los obstáculos legales, históricos y políticos hacen que su propuesta sea prácticamente inviable. Los derechos garantizados por la Constitución están diseñados para resistir cambios impulsados por intereses políticos, asegurando estabilidad y justicia para todas las personas nacidas en EE. UU.

La ciudadanía por nacimiento no solo es un derecho constitucional, sino un símbolo de los valores fundamentales de la nación.

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